Advierten de "incertidumbre jurídica" para las empresas con reforma a Ley de Hidrocarburos

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El Instituto Mexicano para la Competitividad señaló que la reforma a la ley de hidrocarburos, provocará una "menor competencia económica en la cadena de valor de los petrolíferos", así como dañará el "clima de inversión en el país, al generar incertidumbre jurídica para las empresas".
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), advirtió que la reforma a la Ley de Hidrocarburos, aprobada por la Cámara de Diputados, tendrá "implicaciones negativas para la competitividad".
Señaló que la iniciativa "representaría una clara violación a la Constitución y a los tratados comerciales internacionales ratificados por México, lo cual afectaría el ya deteriorado clima de inversión que se observa en el sector energético desde el inicio de la actual administración y especialmente a partir de la reciente aprobación de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica al atentar contra el Estado de derecho".
Mencionó, previo a su aprobación por la Cámara de Diputados, que se debería tomar en cuenta, "el impacto para los mexicanos de aprobar esta iniciativa", ya que "amenaza con expropiar las instalaciones de las empresas permisionarias en materia de hidrocarburos para beneficiar a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE)".
También dota de facultades "discrecionales" a la Secretaría de Energía (Sener) y a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para suspender las actividades de aquellas empresas que, a su juicio, representen un riesgo, así como los permisos emitidos cuando se considere la existencia de "peligro inminente" para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía.
 © Proporcionado por Aristegui Noticias
El comunicado del IMCO advierte que toda vez que se produzca la suspensión de los permisos, las autoridades están facultadas para "ocupar, intervenir o suspender las instalaciones de las empresas" y contratar a empresas productivas del Estado para que "manejen y controlen las instalaciones ocupadas, haciendo uso incluso del personal de los permisionarios, bajo el argumento de garantizar la continuidad de las operaciones que ampara el permiso suspendido; lo que, en los hechos, representaría un acto de expropiación directa".
Además, denuncia afectaciones a las familias y al sector productivo en cuanto al acceso a las gasolinas, diésel, gas natural, entre otros, al trasladar la "producción, procesamiento, transporte, almacenamiento, expendio, importación o exportación de dichos insumos del sector privado a empresas como Pemex, cuyos estados financieros dan cuenta de sus serias ineficiencias operativas y administrativas".
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También se genera para las empresas un ambiente de "incertidumbre jurídica" ante las autoridades reguladoras: "La iniciativa pone en riesgo a la certidumbre jurídica en un momento en que los inversionistas nacionales y extranjeros cuestionan las decisiones de política energética de la actual administración en el marco de la recién aprobada reforma a la Ley de la Industria Eléctrica".
"En el IMCO, exhortamos a los integrantes de la Cámara de Diputados a no aprobar esta iniciativa. Esto representaría un duro golpe al Estado de derecho y amenazaría las inversiones presentes y futuras, no solo en el sector energético, sino en otros sectores clave para la competitividad de México", finaliza el comunicado.

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